Cuando el error deja de ser técnico y se convierte en infracción: el caso Grau

Un hito necesario, no una venganza política

La Cámara de Diputados aprobó este martes, por 77 votos a favor, 68 en contra y 1 abstención, la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda Nicolás Grau,el libelo pasa ahora al Senado, que tendrá la última palabra. 

Para quienes creemos que esta acusación tenía mérito, el resultado no es una victoria menor: es el reconocimiento de que la gestión fiscal del gobierno anterior no puede analizarse solo en clave de "diferencias técnicas", como insistió en repetir la oposición durante todo el debate.

Quienes respaldamos el libelo no lo hicimos por cálculo político ni por ánimo de revancha. Lo hicimos porque los antecedentes que se expusieron en la Sala y que fueron defendidos con rigor jurídico por distintas bancadas oficialistas muestran un patrón que no puede quedar sin consecuencias.

El daño no fue hipotético: fue presente y medible

Uno de los argumentos centrales que se levantaron durante la discusión fue que el daño causado por la gestión fiscal de Grau no era una proyección especulativa ni un escenario de riesgo futuro. 

Era un daño presente y medible, con cifras concretas: postergación de pagos a servicios esenciales, recursos no traspasados a tiempo para la gratuidad universitaria y la infraestructura escolar, y un reajuste del sector público sin fuentes de financiamiento identificadas por 800 millones de dólares.

Cuando el desvío de las proyecciones fiscales se conecta con estas otras materias, el problema deja de ser "solo un mal resultado fiscal" y se transforma en un problema de cumplimiento de deberes,no estamos hablando de un margen de error razonable en una estimación compleja,estamos hablando de una desviación que tuvo efectos reales sobre personas, instituciones y compromisos del Estado.

No es una deficiencia técnica: es incumplimiento de deberes jurídicos expresos

Aquí está, a nuestro juicio, el punto que la oposición y algunos sectores que terminaron desmarcándose dentro de la propia derecha se ha negado a mirar de frente: existe una diferencia constitucional entre errar y incumplir la ley.

La Ley N.º 21.683 establece deberes de transparencia, información y control que no son sugerencias ni buenas prácticas opcionales: son obligaciones jurídicas expresas y plenamente vigentes,la infracción a esos deberes no es una interpretación forzada del libelo acusatorio. 

Es la constatación de que un ministro de Estado tenía la obligación legal de entregar información fidedigna sobre la situación fiscal del país, y no lo hizo en los términos que la ley exige.

Decir que esto "es solo un tecnicismo contable" es, en el fondo, una forma de vaciar de contenido la responsabilidad política y jurídica que tiene cualquier autoridad que administra las finanzas públicas,la probidad no se limita al enriquecimiento personal: se expresa también en mostrar la realidad de las cuentas públicas con fidelidad y en cumplir oportunamente las obligaciones legales, sin trasladar los costos institucionales al gobierno siguiente ni a los beneficiarios de las políticas públicas.

Había mérito suficiente para acusar

La pregunta que debía responder la Cámara no era si Nicolás Grau es una persona capaz, simpática o con buenas credenciales académicas,esa discusión, legítima en otros espacios, es irrelevante para una acusación constitucional. La pregunta era si existían antecedentes suficientes para sostener que hubo una infracción a la Constitución y las leyes en el ejercicio del cargo.

Y la respuesta, con los antecedentes expuestos durante la tramitación errores en la proyección de la deuda pública, manejo cuestionable del Informe de Finanzas Públicas, incumplimiento de plazos legales de traspaso de recursos es que sí había mérito suficiente. No se trataba de instalar una sospecha sin fundamento: se trataba de hacer valer una ley que existe precisamente para que este tipo de situaciones no quede en la impunidad de la discrecionalidad política.

Lo que viene: el Senado y la responsabilidad pendiente

Con el libelo ya aprobado en la Cámara, el proceso pasa al Senado, que deberá resolver en definitiva el juicio político,es una instancia distinta, con otros equilibrios y otra dinámica, pero el mensaje de fondo no debería cambiar: cuando una autoridad de Estado incumple deberes legales expresos en la administración de las finanzas públicas, las instituciones tienen que poder actuar.

No hacerlo, o diluir esta responsabilidad en la categoría de "diferencia técnica", sienta un precedente peligroso: el de que los errores fiscales de gran magnitud no tienen costo institucional mientras exista un relato político que los explique.

Pasar la cuenta a quienes corresponde

Nuestro electorado no nos pidió mirar para el lado. Nos pidió exactamente lo contrario: que tuviéramos el coraje político de pasar la cuenta a los responsables del desastre que dejó el gobierno de Boric. Eso es lo que hace esta acusación constitucional.

 

Jaser Arriagada Campos