El derecho a estudiar sin miedo

 

Buenas noticias para las comunidades escolares tuvimos esta semana. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto Escuelas Protegidas, iniciativa que se transformará en ley una vez que concluya su revisión por el Tribunal Constitucional.

Se trata de una medida largamente esperada por docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados, ya que entregará nuevas herramientas para enfrentar hechos de violencia dentro de los establecimientos educacionales y contribuirá a mantener el respeto, la convivencia y la seguridad en las salas de clases.

Durante años, el debate sobre educación se ha centrado en la calidad de la enseñanza, la infraestructura y los resultados académicos. Sin embargo, existe una condición indispensable para alcanzar cualquiera de esos objetivos: la seguridad.

Resulta difícil hablar de aprendizaje cuando profesores son agredidos, cuando estudiantes deben convivir con amenazas o cuando el temor se instala en las comunidades educativas. La educación requiere un ambiente de respeto y tranquilidad para desarrollarse adecuadamente.

El proyecto Escuelas Protegidas busca precisamente fortalecer esa seguridad. Entre otras medidas, permitirá que los establecimientos incorporen en sus reglamentos procedimientos para revisar mochilas y pertenencias cuando existan sospechas fundadas de la presencia de elementos peligrosos. Es importante destacar que la iniciativa resguarda expresamente la dignidad de los estudiantes, prohibiendo revisiones corporales o de vestimenta y estableciendo protocolos claros para evitar abusos.

Asimismo, se contempla la participación de padres y apoderados en estos procedimientos y la intervención de las policías cuando existan antecedentes que hagan presumir la comisión de un delito o una situación que pueda poner en riesgo la integridad de la comunidad escolar.

Algunos han intentado presentar estas medidas como una vulneración de derechos. Sin embargo, la verdadera vulneración ocurre cuando estudiantes y docentes ven amenazada su seguridad y las instituciones carecen de herramientas para actuar preventivamente. La inmensa mayoría de las familias quiere que sus hijos estudien en establecimientos donde prime el respeto, la convivencia y el aprendizaje.

La libertad de aprender, enseñar y desarrollarse plenamente solo puede ejercerse en ambientes seguros. Por ello, este proyecto representa un avance importante para recuperar espacios educativos donde el foco vuelva a estar en la formación de los estudiantes y no en la gestión permanente de situaciones de violencia.

Las escuelas deben ser lugares de encuentro, conocimiento y crecimiento personal. Protegerlas no es una opción ideológica ni una medida extrema; es una responsabilidad básica del Estado y de toda la sociedad.

Porque el derecho a la educación también incluye el derecho a estudiar sin miedo.

 

Jaser Arriagada Campos