Secreto bancario: el problema no es investigar, es cómo se investiga

 

Cuando se propone ampliar las facultades del Estado sobre la información financiera privada sin control judicial, no estamos debatiendo eficiencia.

Estamos debatiendo los límites del poder,en los últimos días ha vuelto al debate público una propuesta de la izquierda para que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pueda levantar el secreto bancario sin requerir autorización judicial previa,el argumento es conocido: hay que combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos. Y en ese punto, todos estamos de acuerdo,el problema no es el objetivo, es el método.

Porque resulta que en Chile ya existe el mecanismo para hacerlo;El artículo 154 de la Ley General de Bancos contempla las excepciones que permiten acceder a información bancaria privada en el marco de una investigación,el artículo 9 del Código Procesal Penal es aún más explícito: cualquier actuación que afecte derechos constitucionales garantizados requiere autorización judicial previa. Hay una llave. Funciona. Y nadie ha demostrado que esté rota.

Si un fiscal necesita convencer a un juez para acceder a esta información, lo lógico es que cualquier otro órgano del Estado también lo necesite. La pregunta que debemos hacernos es por qué querría alguien saltarse ese control.La información bancaria no es cualquier dato: es uno de los registros más íntimos de una persona,dónde gasta, con quién, cuánto tiene, qué consume. La Constitución chilena, en su artículo 19 número 4, consagra el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales precisamente porque esa información le pertenece al ciudadano, no al Estado.

La garantía que ofrece un juez no es un trámite burocrático. Es un contrapeso,alguien independiente que revisa si existe mérito real para esa intromisión. Si la Fiscalía debe pasar por ese filtro, no tiene ningún sentido que otro organismo del Estado quede eximido de él. Más aún cuando el director de la UAF es designado directamente por el Presidente de la República.

¿Qué ocurriría si un gobierno de turno le pidiese a su propio designado los datos financieros de sus opositores políticos? 

No es una pregunta hiperbólica. Es exactamente la razón por la que los controles institucionales existen: para que las garantías no dependan de la bondad del gobernante de turno, sino de la arquitectura del Estado.

Si hay que revisar los plazos o agilizar los procedimientos del Poder Judicial para este tipo de diligencias, esa conversación es legítima,pero una cosa es perfeccionar el mecanismo que ya existe y otra muy distinta es eliminarlo. 

Levantar el secreto bancario sin control judicial no es una reforma. Es una regresión.

Hagámoslo bien: con urgencia, con eficacia, y respetando los derechos que nuestra propia Constitución protege,porque una democracia que sacrifica sus garantías para perseguir el crimen termina pareciéndose, más de lo que quisiera, a aquello que dice combatir.

 

Jaser Arriagada Campos