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La invariabilidad tributaria acordada en la reforma de reconstrucción no es un privilegio para las empresas, sino una herramienta para atraer inversión, generar empleo y acelerar el crecimiento económico de Chile.
Cada vez que en Chile se habla de otorgar estabilidad tributaria a las grandes inversiones, el debate se polariza rápidamente. Algunos la presentan como un "regalo a las empresas"; otros, como una herramienta esencial para el desarrollo económico.
Pocas veces, sin embargo, la discusión se centra en la pregunta que realmente importa: ¿qué necesita Chile para crecer y financiar las políticas sociales que la ciudadanía exige?
La respuesta parece evidente: ningún país puede redistribuir riqueza que no ha sido creada primero.
Un acuerdo más acotado de lo que parece
La propuesta original del Gobierno planteaba una invariabilidad de 25 años, plana, para todas las inversiones desde los US$ 50 millones. Lo que finalmente se acordó es bastante más limitado: en lugar de un plazo único, se estableció un sistema proporcional, donde se conceden más años según la magnitud de la inversión.
| Monto de la inversión | Plazo de invariabilidad |
|---|---|
| Entre US$ 50 y 100 millones | 10 años |
| Entre US$ 100 y 350 millones | 15 años |
| Más de US$ 350 millones | 20 años |
Es decir, solo los proyectos de mayor envergadura, superiores a US$ 350 millones, podrán acceder al máximo de 20 años, cinco menos que el plazo plano que planteaba la propuesta inicial. Además, todas las empresas acogidas al beneficio deberán pagar una sobretasa adicional de 1,5% sobre el impuesto corporativo, un punto que no figuraba en la propuesta original del Ejecutivo.
Lo que la invariabilidad no cubre
Quizás el aspecto más relevante del acuerdo es lo que queda fuera de su alcance. Las compañías seguirán sujetas a modificaciones de:
- El royalty minero
- El IVA
- Los impuestos verdes
- Los tributos municipales
- Las nuevas obligaciones que establezca el Servicio de Impuestos Internos (SII)
En otras palabras, la estabilidad aplica únicamente al impuesto corporativo. Eso cambia por completo el sentido del debate: no estamos frente a un cheque en blanco, sino frente a una señal de certeza jurídica para proyectos cuya planificación se extiende por décadas y que requieren miles de millones de dólares en inversión.
La inversión no busca privilegios; busca reglas claras
Uno de los factores que más pesan en las decisiones de los inversionistas internacionales es la estabilidad regulatoria.
Cuando una empresa decide instalar una planta industrial, ampliar una faena minera, construir infraestructura energética o desarrollar proyectos tecnológicos, hace cálculos financieros que consideran costos, impuestos, inflación y rentabilidad a muchos años plazo.
Si las reglas pueden cambiar de manera impredecible cada pocos años, el riesgo aumenta y cuando el riesgo aumenta, el capital busca otros destinos.
Chile lo sabe bien. Durante décadas fue considerado uno de los países más confiables de América Latina precisamente porque ofrecía instituciones sólidas, respeto por los contratos y reglas relativamente estables.
Esa reputación permitió atraer inversiones que generaron empleo, innovación y crecimiento, y fue parte importante del modelo que ayudó a reducir significativamente la pobreza durante los años noventa y los primeros años del siglo XXI.
Más inversión significa más oportunidades
Existe la idea instalada de que favorecer la inversión beneficia únicamente a las grandes empresas.
La realidad económica muestra algo distinto: cuando llega una inversión importante, no solo se contratan ingenieros o ejecutivos,también aparecen cientos de proveedores locales: transporte, alimentación, comercio, construcción, hotelería, logística y mantenimiento, que activan una cadena completa de actividad económica.
Esa actividad se traduce en empleos, consumo y mayor recaudación fiscal, paradójicamente, muchas de las políticas sociales que hoy se exigen dependen justamente de ese crecimiento que algunos miran con desconfianza.
No existen hospitales, pensiones, educación o reconstrucción financiados solo con buenas intenciones: todo requiere recursos, y esos recursos provienen de una economía que crece.
Una señal política que rompe trincheras
Uno de los aspectos más interesantes del acuerdo es que demuestra que todavía es posible construir consensos.
El Ejecutivo aceptó reducir considerablemente el plazo de la invariabilidad originalmente propuesta, y desde el mundo político se comprendió que entregar certezas a quienes invierten no significa renunciar a la capacidad del Estado para recaudar impuestos ni proteger el interés público.
De hecho, las empresas acogidas pagarán esa sobretasa adicional del 1,5%, una contraprestación concreta por acceder al beneficio.
No es una exención: es un compromiso mutuo.
La reconstrucción también necesita crecimiento
Chile enfrenta enormes desafíos: reconstrucción tras desastres naturales, fortalecimiento de la infraestructura pública, modernización del sistema de salud, mayor seguridad ciudadana y crecimiento del empleo. Todo ello requiere financiamiento permanente.
Por eso resulta difícil entender los discursos que rechazan cualquier mecanismo destinado a incentivar la inversión, mientras al mismo tiempo exigen un Estado con mayores recursos para responder a nuevas demandas. Ambas cosas no son compatibles: no puede haber un Estado más fuerte si la economía permanece estancada.
La verdadera discusión no debería ser si queremos atraer inversión, sino cómo hacerlo de manera responsable, con reglas claras, transparencia y beneficios compartidos para toda la sociedad.
En esa dirección, la invariabilidad tributaria acordada representa un equilibrio razonable: no elimina impuestos, no impide futuras reformas tributarias y no blinda a las empresas frente a todas sus obligaciones fiscales.
Simplemente entrega una certeza específica respecto del impuesto corporativo, a cambio de una mayor contribución y bajo condiciones claramente definidas.
En tiempos donde la incertidumbre suele espantar las inversiones, ofrecer estabilidad puede ser una de las decisiones más responsables para impulsar el crecimiento económico.
Porque, al final del día, la mejor política social sigue siendo una economía capaz de generar empleo, atraer inversión y crear oportunidades para todos.
Jaser Arriagada Campos
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