¿Quién paga? Por qué la indolencia política tiene nombre

 

¿Quién paga?

Hay una pregunta que el mundo político chileno prefiere no responder, porque no tiene una respuesta que lo deje bien parado: cuando el Estado gasta mal, cuando esconde cifras, cuando maquilla números, cuando deja que la gente muera esperando en una lista de espera porque no hubo voluntad ni recursos para derivarla a tiempo al sistema privado... ¿quién paga?

La respuesta, casi siempre, es la misma: nadie.

Y esa respuesta no es un accidente. Es el síntoma de algo más profundo: una indolencia estructural del mundo político frente a cómo la administración del Estado impacta, todos los días, la calidad de vida real de las personas,no es abstracto,no es un debate de macroeconomía para especialistas. 

Es la persona que espera una cirugía que nunca llega.es la familia que no recibe la pensión que le corresponde,es el profesor que no ve la utilidad escolar prometida.es el ciudadano que ve subir su cuenta de la luz sin explicación creíble. 

Cada peso mal gastado, cada cifra ocultada, cada convenio irregular que "sigue ahí" sin resolverse, tiene un costo humano concreto en salud, en educación, en vivienda.

Los casos que nadie quiere recordar

El patrón se repite con una regularidad que debería avergonzar a cualquier sistema político serio:

• Licencias médicas fraudulentas: no pagó nadie.
• Pensiones de gracia: el caso sigue ahí, sin resolución.
• Convenios irregulares: el caso sigue ahí, sin resolución.
• ProCultura: el caso sigue ahí, sin resolución..
• El balón de gas más caro de la historia, bajo la gestión de Nicolás Grau: nadie fue siquiera llamado a explicar públicamente la magnitud de la pérdida.
• El sumario a jueces por licencias médicas: se sobreseyó, y solo ahora, tarde, se reabren 56 carpetas de expulsión.
• Los casos JUNAEB (porque son varios), entre ellos la entrega irregular de utilidades escolares: aquí sí hubo una acusación constitucional contra la ministra responsable, y nuestro propio sector genero que se perdiera
• Las alzas en las cuentas de la luz, con Diego Pardo en el centro de la controversia: también hubo acusación constitucional. También se perdió por el mismo motivo anterior..

Es decir: incluso en los pocos casos donde el sistema político activó su mecanismo más severo de control la acusación constitucional el resultado fue el mismo que en los casos donde nadie hizo nada. Nadie pagó. 

El mensaje que queda instalado, una y otra vez, es que la responsabilidad política en Chile es opcional.

El verdadero problema no es un caso, es el patrón

Se podría analizar cada uno de estos episodios por separado, buscarle matices, atenuantes, contextos particulares. Pero hacerlo sería quedarse en la superficie. Lo que estos casos tienen en común no es la coyuntura, es la arquitectura: un sistema donde la falta de rendición de cuentas no es la excepción, sino el diseño de facto. 

Un sistema donde ocultar cifras, maquillar resultados o simplemente no ejecutar bien el gasto público no tiene consecuencias reales para quienes toman las decisiones, aunque sí las tenga y gravísimas para quienes dependen de esos servicios para vivir con dignidad.

Cuando eso ocurre en salud, la consecuencia no es una cifra roja en un informe de Contraloría: es gente que muere en listas de espera. Ahí está, quizás, el ejemplo más brutal de lo que significa la indolencia administrativa. 

Y también ahí está la prueba de que sí existen alternativas,la "alerta oncológica" que logró descongestionar listas de espera derivando pacientes al sector privado, demuestra que cuando hay voluntad política real, los problemas se pueden resolver. 

No es una cuestión de imposibilidad técnica,es una cuestión de prioridad y de coraje para actuar.

Por qué esto hay que cambiarlo de raíz

No basta con indignarse caso a caso. No basta con esperar la próxima acusación constitucional, sabiendo de antemano que probablemente también se va a perder. 

El problema no se resuelve con más comisiones investigadoras que terminan en nada, ni con declaraciones de circunstancia cada vez que un nuevo escándalo sale a la luz.

Lo que Chile necesita es un cambio estructural en cómo se entiende la responsabilidad pública:

1. Mecanismos de rendición de cuentas que efectivamente funcionen, no que dependan de la correlación de fuerzas políticas del momento para prosperar o hundirse.
2. Transparencia real y no maquillada en la ejecución del gasto público, con sanciones administrativas y no solo políticas cuando se detecten irregularidades.
3. Consecuencias personales para quienes administran mal, más allá de la salida de un cargo con un comunicado de prensa amable.
4. Priorización explícita de la calidad de vida de las personas por sobre la gestión de la imagen o el cálculo electoral de corto plazo.

Mientras la pregunta "¿quién paga?" siga teniendo como única respuesta "nadie", 

El país seguirá acumulando casos, seguirá acumulando listas de espera, seguirá acumulando promesas incumplidas y cada uno de esos casos no es solo una cifra más en una columna de opinión: es una persona real a la que el Estado le falló.

La indolencia no es neutral. Tiene nombre, tiene apellido, y sobre todo, tiene costo humano. 

Cambiar eso de raíz no es un lujo de discusión ideológica: es una condición básica para que el Estado vuelva a cumplir su función más elemental, que es proteger la vida y la dignidad de quienes representa.

Porque la próxima vez que alguien pregunte "¿quién paga?", la respuesta no puede seguir siendo, otra vez, nadie.

 

Jaser Arriagada Campos